La Argentina enfrenta un debate clave sobre cómo regular la inteligencia artificial (IA), que podría definir nuestras próximas décadas. Como suele ocurrir con tecnologías que cambian paradigmas, estamos frente a una elección crítica: crear un marco que impulse innovación y soberanía tecnológica, o copiar modelos que ya demostraron su dificultad para fomentar competencia real.
Europa es el ejemplo más claro. Hace más de un año, J. D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, advirtió que el enfoque regulatorio europeo estaba diseñado, quizás sin quererlo, para beneficiar a las grandes corporaciones y castigar a las “startups”. La razón es simple: solo los gigantes tienen recursos para cumplir con auditorías, certificaciones y burocracia compleja. El resultado fue un ecosistema donde se regula más de lo que se innova.
En la Argentina, las iniciativas regulatorias recientes incorporaron elementos valiosos: clasificación por riesgo, límites claros en usos críticos, un registro para sistemas de alto impacto, protección de datos personales actualizada. Es innegable que se necesita regulación, sobre todo para evitar abusos como la vigilancia masiva, el perfilamiento policial o el uso de IA en decisiones que afectan la libertad o la salud.
El problema no está en la intención. Está en el riesgo de asfixiar a quienes aún no tienen espalda financiera. Un emprendedor que comienza con dos GPU alquiladas no puede cumplir de entrada con manuales de gobernanza algorítmica, documentación exhaustiva, informes de impacto y certificaciones de auditoría. Si pedimos eso desde el MVP, solo sobrevivirán las multinacionales.
Y si solo sobreviven las multinacionales, el país perderá su capacidad de competir. La inteligencia artificial es una capacidad estratégica. No puede regularse como si fuera una industria madura y concentrada. Necesitamos una normativa proporcional al impacto real, no al temor político.
El sesgo argentino se parece demasiado al europeo: regular antes de entender. Y ahí aparece una contradicción fundamental: la IA no es un producto, es software, es matemática, es infraestructura digital. Su ciclo de vida exige iteración constante; su valor surge de experimentar. Regular IA como si fuera una planta nuclear podría convertirse en un error conceptual.
¿Hay riesgos reales? Sí, entre ellos los siguientes: discriminación algorítmica, manipulación, vulneraciones de privacidad, fallas en sistemas críticos. Pero esos riesgos están en usos específicos, no en todos. No se puede tratar igual un recomendador de libros que un sistema que decide quién accede a un crédito hipotecario. La regulación debe tener precisión quirúrgica, no generalización burocrática.
Algunas propuestas regulatorias avanzaron incluso sobre la creación de organismos con atribuciones extremadamente amplias, como suspender sistemas, ordenar auditorías, exigir documentación, reclasificar tecnologías, imponer sanciones, intervenir ante “riesgos potenciales”. Esto concentra poder sin límites claros.
La línea delgada de la regulación para la inteligencia artificial
Un regulador es necesario, pero hay que comprender que debe ser técnico, no político, y debe tener mecanismos de transparencia y contrapesos. De lo contrario, el miedo a la discrecionalidad estatal frenará más proyectos que los que protegerá. La verdadera regulación no debe proteger al Estado; debe proteger al ciudadano sin destruir al innovador.
Algo similar ocurre con la ampliación del concepto de datos sensibles. En términos de derechos, esto es positivo; el país necesita modernizarse. Pero si todo es dato sensible, todo termina siendo de alto riesgo, y entonces toda IA requiere un “compliance” reforzado. Ese escenario es inviable para cualquier startup. La protección de datos es esencial, pero debe ser proporcional, sino la inteligencia artificial no tendría sentido.
Entonces, ¿qué regulación necesita realmente la Argentina? Después de muchos años en el desarrollo de IA, la formación de ingenieros y la asesoría de empresas, la respuesta resulta clara. Necesitamos una regulación que acompañe el crecimiento, no que lo limite.
Un marco inteligente debería incluir libertad total para experimentar, ya que la experimentación es la base de la innovación. Ninguna startup puede prosperar si se la obliga a hacer trámites antes de escribir código.
A esto le le suma un control estricto solo sobre usos críticos; Identificación biométrica masiva, es decir, decisiones automatizadas sobre salud o libertad, sistemas policiales predictivos o modelos que operan sobre datos sensibles, ya que ahí sí debe haber auditoría fuerte, estándares y trazabilidad.
En paralelo son clave los “sandboxes” regulatorios, que Europa implementó tarde. La Argentina puede adoptarlos desde el inicio: espacios seguros para probar tecnologías sin consecuencias legales inmediatas, con evaluación supervisada. El mundo ya creó estándares, por lo que debemos imitar lo que funciona, contando con un regulador técnico y transparente.
Gustavo Brey
Hay que comprender que la soberanía tecnológica está en juego: si la Argentina legisla mal, habrá más dependencia tecnológica. Porque cuando un país no puede desarrollar IA propia importa modelos extranjeros, pierde control sobre sus datos, reduce su capacidad de negociación, achica sus mercados laborales de alto valor, y se vuelve un cliente crónico de quienes sí invierten en innovación. Si queremos soberanía digital, la innovación local debe ser prioridad absoluta. Y eso significa no repetir el error de regular antes de tener ecosistema.
(*) Cofundador y director ejecutivo de Ingenia.
