Tras el fallo desfavorable por la expropiación de YPF, Argentina sufrió un nuevo revés en tribunales internacionales por conflictos derivados del manejo económico durante el gobierno de Cristina Kirchner y deberá pagar otra cifra millonaria.
Esta vez, el Tribunal Superior de Londres le dio la razón a cuatro fondos buitres y condenó al país a pagar 1330 millones de euros a tenedores de los cupones atados al crecimiento del PBI por la presunta alteración de las estadísticas oficiales, según informó la agencia Reuters.
La acción en la Justicia londinense fue llevada adelante por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que en 2019 se sumaron a una ola de demandas contra Argentina por parte de tenedores de los cupones atados al PBI que Argentina emitió en 2005.
El juez Simon Picken determinó que Argentina debe pagar a los cuatro fondos 643 millones de euros más intereses, pero también dictaminó que el país debe abonar en total 1.330 millones de euros en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los demandantes poseen aproximadamente el 48%.
La abogada que representa a Argentina, Tamara Oppenheimer, adelantó que es probable que solicite permiso para apelar el fallo.
La Justicia de EEUU falló contra Argentina en la causa por la expropiación de YPF
Los fondos argumentaron que la Argentina manipuló los datos de crecimiento para evitar pagar el cupón PBI, un atractivo que el gobierno de Néstor Kirchner sumó al canje de 2005 para sumar a los bonistas.
Pero los acreedores se sintieron perjudicados por un cambio aplicado en 2014 por la gestión de Axel Kicillof respecto a la forma en que el intervenido Indec medía el PBI, lo que en los hechos produjo una baja del crecimiento de 2013. Esa cifra quedó apenas por debajo del 3,26% que habilitaba el pago del cupón PBI.
La semana pasada la Justicia de Nueva York determinó que el país deberá pagar una indemnización (todavía no determinada pero que los demandantes estiman entre 8 mil y 20 mil millones de dólares) por la expropiación de YPF y el presunto perjuicio a los accionistas minoritarios.
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