En una jugada de alto voltaje político, los gobernadores que oficiaron de aliados durante el mandato de Javier Milei se unieron al peronismo para diseñar un paquete de leyes que obligue a la Rosada a liberarles a las provincias los fondos que tiene retenidos.
LPO anticipó en exclusiva que los gobernadores acusan a Milei de “robarse” los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que les corresponden a las provincias.
Este viernes, cinco gobernadores se reunieron por zoom con los jefes de bloque del peronismo, el PRO y la UCR para avanzar con una serie de proyectos para forzar, entre otras cosas, a que el gobierno reparta los ATN. La idea es que el gobierno coparticipe el 50% de esos fondos para las provincias de manera automática, sin discrecionalidad.
El dato político es que del zoom participaron gobernadores que no habían confrontado aún con la Rosada, como el mendocino Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. También estuvieron Maxi Pullaro, de Santa Fe, Nacho Torres, de Chubut, y el peronista Sergio Zilliotto, de La Pampa.
El formoseño José Mayans habló en nombre del bloque del peronismo y también estuvieron Alfredo de Angeli, jefe de bloque del PRO y los radicales Martín Lousteau y Eduardo Vischi.
Otro de los proyectos también estipula que el gobierno debe coparticipar lo que recauda por el impuesto a los Combustibles.
En la reunión que mantuvieron el lunes con emisarios del gobierno, los gobernadores se fueron furiosos porque no les respondieron al pedido de ordenar los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que el gobierno no está ejecutando. Es un impuesto que debería destinarse a arreglar las rutas del interior, pero Economía se lo queda entero ante del desastre de las rutas, que ya se está cobrando vidas.
El tercero de los proyectos propone la eliminación de los fondos fiduciarios y fideicomisos, una idea que le plantearon esta semana a los enviados de Luis “Toto” Caputo y Guillermo Francos sin recibir respuesta.
Fuentes al tanto de la reunión dijeron a LPO que aún no se presentarán los proyectos, sino que buscarán un consenso con todas las provincias e incluso con el gobierno nacional. “Los proyectos son razonables, no afectan el equilibrio fiscal y ordenan la coparticipación y los recursos, es casi un pacto fiscal”, dijeron a LPO.
