El gobierno de Javier Milei anunció que reimplantaría la matricula obligatoria para los periodistas, pero tuvo que dar marcha atrás ante las críticas.
La idea se basa en reflotar una ley de 1944, de hace 80 años, y fue considerada en el ámbito periodístico como un nuevo embate del gobierno contra la prensa. Es que la noticia se dio en medio de la polémica por la quita de acreditaciones a periodistas de Casa Rosada que ejecutó Manuel Adorni.
El anuncio se hizo a través de un posteo en las redes sociales del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. “Si sos periodista profesional podés obtener la Matrícula Nacional de Periodistas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, afirmaban desde la oficina de Julio Cordero.
El posteo tenía un link del sitio Argentina.gob.ar donde se informaba sobre el trámite. “La inscripción en la matrícula nacional de periodistas es obligatoria”, decía el texto, que luego detallaba el universo de profesionales alcanzados, los pasos a seguir para el engorroso trámite y los requisitos para los “periodistas profesionales”.
Con las primeras críticas, el gobierno borró la palabra “obligatoria” pero luego directamente borraron de la web todo el posteo. Esto daría a entender que el Gobierno dio marcha atrás con la idea, aunque extraoficialmente los voceros la defendían. También fue eliminado el posteo del Ministerio de Capital Humano.
La idea del gobierno fue duramente cuestionada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que consideró la matriculación obligatoria como “una práctica obsoleta”. “Generaciones enteras de periodistas ni siquiera conocen la norma y jamás tramitaron su matrícula”, planteó
FOPEA recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera la matriculación “como una restricción ilegítima al derecho universal a la libertad de expresión”. “La colegiación obligatoria, que implica la matriculación y la autorización del Estado nacional para que cualquier persona ejerza la profesión de periodista, fue incluida por el gobierno nacional en 1947 y rigió hasta 1985 en que, en virtud de la decisión de la Corte Interamericana, dejó de utilizarse”, recordó el Foro.
“La ministra de Capital Humano agravia la libertad que su partido dice defender, pretendiendo condicionar, limitar, vigilar y restringir el acceso a la libertad de expresión y al ejercicio de la profesión de informar”, agrega FOPEA, que exigió a Pettovello que revierta la decisión.
