Maximiliano Pullaro consiguió que la Cámara de Diputados aprobara diez de las once medidas de su reforma de seguridad, pese a las críticas del socialismo, uno de los principales socios de Unidos. El paquete obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado.
El gobernador logró avanzar con las herramientas que endurecen las condiciones de detención de los presos de alto perfil, desarrollar tareas de inteligencia y habilitar juicios en ausencia. La discusión dejó expuestas fuertes diferencias en el oficialismo, pero no impidieron la aprobación de la mayor parte de las medidas que reclamaba la Casa Gris.
El diputado radical Martín Rosúa destacó que, sumadas a las dos leyes sancionadas la semana anterior, el Ejecutivo consiguió respaldo legislativo para doce de las trece iniciativas enviadas a la Legislatura:
“Es un paso muy importante para consolidar la política de seguridad del gobierno de Pullaro, que logró recuperar gran parte de la tranquilidad que habíamos perdido los santafesinos y especialmente los rosarinos”, afirmó.
Uno de los puntos centrales del paquete es la incorporación del artículo 57 bis, que habilita restricciones especiales para internos que utilicen a las visitas, las comunicaciones o la correspondencia para realizar amenazas graves para la seguridad pública.
Las medidas incluyen el aislamiento celdas individuales con dos horas diarias de permiso para ir al patio, también individual, y la suspensión de visitas y contactos que no sea por correspondencia bajo supervisión del servicio penitenciario. También se prevé el retiro de artículos de ocio y entretenimiento, salvo materiales de lectura autorizados.
“Estamos hablando de cortar con el preso de alto perfil que manda a matar desde la cárcel”, sostuvo Rosúa. El legislador defendió las modificaciones con el argumento de que las organizaciones criminales mantienen su capacidad de acción: “Las bandas delictivas no desaparecieron ni descansan en su organización”.
Otro de los cambios es que habilita allanamientos urgentes de la policía sin orden judicial previa en circunstancias excepcionales, como la existencia de sospechas fundadas de acopio de armas y el riesgo de que una demora permita hacer desaparecer pruebas. Según explicó Rosúa, esas intervenciones quedarán sujetas a un control judicial posterior.
El paquete también contempla el uso de información y tecnología para anticipar delitos, con controles judiciales sobre las medidas que afecten la privacidad. Además, permite que un fiscal tome declaración informativa a una persona que aparezca vinculada a un delito cuando todavía no existan elementos suficientes para formalizar una imputación.
La reforma incorpora, a su vez, el juicio en ausencia o rebeldía para evitar que la fuga de un acusado paralice una causa de manera indefinida. El procedimiento prevé la intervención de un defensor, requisitos de notificación y la posibilidad de revisión.
“Son herramientas para resolver problemas concretos, no una discusión abstracta sobre mano dura o garantismo”, planteó Rosúa. Con la mayor parte del paquete aprobado en Diputados, Pullaro se pasará a discutir en el Senado.
