Telecom inició una revisión minuciosa de la resolución de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), que subordinó la compra de Telefónica Móviles Argentina a un fuerte proceso de desinversión en clientes, espectro e infraestructura. Aunque aún no definió formalmente cuál será su respuesta, la empresa ya marcó posición: entiende que el paquete de exigencias fijado por el Gobierno resulta excesivo.
Consultado por iProfesional, Pedro López Matheu, director de Comunicaciones de Telecom, afirmó el jueves que “las condiciones son excesivas”, al referirse a los requisitos establecidos por el Tribunal de Defensa de la Competencia, órgano que funciona dentro de la ANC, para habilitar el avance de la operación.
El foco principal del cuestionamiento está puesto en el tamaño de la desinversión móvil. En palabras de López Matheu, “la exigencia de devolver 6 millones de usuarios es el doble de lo que nosotros ofrecimos en el expediente previo”.
Seis millones de líneas y espectro en juego
La decisión oficial, difundida el miércoles a la noche, obliga a Telecom a transferir 6 millones de líneas móviles a un nuevo operador de telecomunicaciones, junto con infraestructura asociada. También dispone la devolución de 130 MHz de espectro radioeléctrico y exige desprenderse de clientes de banda ancha fija en las zonas donde la empresa integrada supere el 50% de participación de mercado.
La resolución agrega que, durante una etapa de transición, Telecom deberá permitir a un nuevo competidor el uso de su red, espectro, sistemas y puntos de interconexión, con el propósito de garantizar la continuidad y la calidad del servicio mientras ese eventual jugador despliega su propia infraestructura.
La compra de Telefónica, bajo la lupa del regulador
La adquisición de Telefónica por parte de Telecom fue anunciada en febrero de 2025 y desde entonces quedó bajo la lupa de las autoridades de defensa de la competencia. La operación supone integrar Movistar con Personal en telefonía móvil y también impacta en servicios fijos, conectividad residencial, soluciones para empresas, fibra óptica, espectro, contenidos y servicios digitales.
El fallo no sorprendió por completo al mercado. Varias de las condiciones ya habían sido debatidas en borradores regulatorios que circularon durante el análisis de la compra. De todos modos, el aspecto que más incomodidad genera dentro de Telecom es la escala de la desinversión requerida.
La obligación de desinvertir 6 millones de clientes móviles en un plazo de 24 meses, devolver 130 MHz de espectro radioeléctrico y fijar un límite del 50% en el mercado minorista de banda ancha fija reproduce la arquitectura central de los remedios regulatorios previstos para la operación.
El objetivo de fondo, a 16 meses del anuncio de venta de Movistar, es empujar la aparición de un tercer competidor de peso que evite una mayor concentración del mercado móvil argentino.
Especialistas del sector advierten que la resolución también arrastra puntos ciegos y dificultades operativas que ya venían siendo señaladas por analistas del mercado. Entre ellas, la obligación de reintegrar de manera inmediata 60 MHz de espectro antes de completar la migración de usuarios, una condición que podría afectar la calidad del servicio para millones de clientes que permanezcan en la red.
Para Telecom, ceder 6 millones de clientes móviles implica un recorte sustancial sobre la cartera adquirida y sobre la escala esperada tras la integración con Telefónica. La compañía había planteado en el expediente una desinversión menor, pero el fallo duplicó esa cifra y elevó el nivel de exigencia a un punto que ahora será revisado por sus equipos técnicos y legales.
El debate por el tercer operador
El segundo eje de la respuesta de Telecom es de fondo. La empresa cuestiona que el Estado intente generar competencia mediante una transferencia forzada de clientes, espectro, infraestructura y acceso temporal a la red.
Las inconsistencias físicas vinculadas con las redes de fibra óptica, muchas de ellas alquiladas a terceros y sin infraestructura propia transferible, configuran, según especialistas de la industria, un escenario de cumplimiento extremadamente complejo.
“Esto genera una ficción de un tercer operador en un mercado que ya probó que no tiene lugar para otro jugador y que demanda escala para poder mantener inversiones“, sostuvo López Matheu.
El Gobierno procura evitar que la compra de Telefónica derive en una estructura demasiado concentrada, con una Telecom más fortalecida frente a Claro y con menor presión competitiva sobre precios, calidad e innovación. La compañía, en cambio, sostiene que las telecomunicaciones son una industria intensiva en capital y que necesita escala para sostener inversiones de largo plazo.
Ese planteo no es nuevo en el sector. Las operadoras enfrentan una demanda creciente de datos, despliegues de fibra óptica, expansión de la quinta generación (5G) de telefonía móvil, renovación de redes, inversiones en centros de datos y servicios basados en servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática). Al mismo tiempo, compiten con consumidores sensibles al precio de los abonos y con jugadores digitales que capturan una porción cada vez mayor del negocio de contenidos y servicios.
Desde esa mirada, Telecom busca instalar que la discusión no pasa únicamente por la cantidad de competidores, sino también por la capacidad real de esos actores para invertir de manera sostenida.
Sinergias, escala y el costo de desinvertir
Otro punto sensible para la empresa es el impacto sobre las sinergias previstas. En una operación de esta escala, la integración de redes, clientes, espectro, sistemas y estructuras comerciales suele justificarse por la posibilidad de eliminar duplicaciones, ganar eficiencia operativa y acelerar inversiones.
Desde la perspectiva de Telecom, el fallo de la ANC condiciona precisamente esa lógica. La compañía entiende que los remedios impuestos exceden las tendencias internacionales de consolidación del sector y que la magnitud de la desinversión podría recortar los beneficios esperados de la adquisición.
El plan de inversiones, bajo presión
Dentro de la compañía aseguran que se mantendrá el plan de inversiones anunciado para 2026, por unos u$s1.300 millones, orientado al despliegue de 5G, fibra óptica y computación en la nube. Sin embargo, advierten que la resolución obliga a combinar dos movimientos difíciles de sostener al mismo tiempo: invertir fuerte y desprenderse de activos, clientes y recursos críticos.
“Este fallo nos limita para poder desarrollar las sinergias previstas y llevar adelante las inversiones previstas, y encima nos obliga a desinvertir“, señalan desde Telecom.
La cuestión no es menor. Si Telecom debe reducir la escala de la operación, devolver frecuencias y sostener obligaciones de acceso para otro jugador durante la transición, el valor económico de la compra podría modificarse. Dicho de otro modo: la operación seguiría en pie, pero ya no necesariamente con los beneficios originalmente proyectados.
El espectro radioeléctrico, un recurso clave para 5G
Uno de los puntos más delicados es la devolución de espectro radioeléctrico. En telefonía móvil, el espectro constituye un insumo crítico: determina capacidad, cobertura, calidad de servicio y posibilidades de evolución tecnológica.
Por eso, la exigencia de devolver 130 MHz representa bastante más que un ajuste administrativo. Puede incidir en la planificación de red, la expansión de 5G y la eficiencia operativa de la empresa fusionada.
Para el Gobierno, la devolución de frecuencias es necesaria para impedir una acumulación excesiva de recursos radioeléctricos en manos de un único actor. Telecom, en cambio, podría argumentar que perder espectro mientras debe reorganizar clientes, redes y sistemas reduce la posibilidad de capturar las eficiencias que justificaban la compra de Telefónica.
La discusión técnica será determinante en la próxima instancia. No se trata sólo de establecer cuántos clientes serán transferidos, sino también qué activos acompañarán esa cesión, bajo qué condiciones se otorgará capacidad de red, durante cuánto tiempo se garantizará el acceso mayorista y cómo se preservará la calidad del servicio para los usuarios alcanzados.
Banda ancha fija: el otro frente de conflicto
La resolución también impacta sobre la banda ancha fija. Telecom deberá desprenderse de clientes en aquellas localidades donde la empresa resultante supere el 50% de participación de mercado. Este punto abre un nuevo frente de debate, porque la compañía cuestiona el criterio utilizado por el Gobierno para medir la concentración en conectividad fija.
Según la lectura de Telecom, el análisis por localidad quedó desactualizado y no reflejaría la dinámica competitiva actual. En los últimos años, el acceso a Internet sumó operadores regionales, cooperativas, proveedores inalámbricos, redes de fibra independientes, ofertas satelitales y nuevos modelos de conectividad.
Para la ANC, en cambio, el enfoque territorial resulta clave porque la competencia efectiva en banda ancha suele definirse cuadra por cuadra, barrio por barrio o localidad por localidad. La existencia de grandes jugadores nacionales no garantiza, por sí sola, competencia real en cada zona del país.
Allí aparece una tensión regulatoria clásica: la empresa observa el mercado desde la necesidad de escala nacional, mientras que el regulador lo analiza desde el riesgo de dominancia en mercados locales.
Los caminos que analiza Telecom
Telecom todavía no informó una decisión formal sobre sus próximos pasos. Según pudo saber iProfesional, la empresa estudia en detalle la resolución, sus alcances, los plazos de cumplimiento y el impacto económico y operativo de cada una de las exigencias.
Una primera alternativa sería aceptar las condiciones y presentar un plan de cumplimiento. Es el camino más directo para cerrar la adquisición, aunque también el más oneroso desde el punto de vista estratégico, porque implicaría desprenderse de una porción relevante de los activos y clientes que explicaban el valor de la compra.
Otra opción sería intentar una reformulación técnica de los remedios. Telecom podría plantear una menor cantidad de clientes a ceder, plazos distintos, una implementación gradual o mecanismos alternativos que, desde su visión, permitan preservar la competencia sin diluir las sinergias de la operación.
Un tercer camino sería acudir a instancias administrativas o judiciales. Ese escenario dependerá de cómo evalúe la compañía la razonabilidad de las condiciones, la viabilidad de cumplirlas y la posibilidad de sostener que el paquete impuesto resulta desproporcionado frente al objetivo regulatorio.
Por el momento, la empresa evita anticipar una estrategia definitiva. Sin embargo, sus primeras definiciones muestran que no recibirá pasivamente el fallo y que buscará discutir, al menos, el alcance de las condiciones impuestas.
