La media sanción que el Senado le otorgó al proyecto de ley de biocombustibles abrió un escenario modificado con algunos cambios que se introdujeron en el dictamen de mayoría en el cierre del debate, pero que no logran saldar una grieta ya no disimulada entre los productores de bioetanol y los de biodiésel.
A medida que transcurren las horas tras la votación en la Cámara Alta, el impacto económico de la norma comenzó a reflejar posicionamientos públicos disímiles. Mientras las grandes cadenas productivas de bioetanol celebran un paso clave hacia la transición energética y el desarrollo federal, las pequeñas y medianas plantas procesadoras de biodiésel reiteraron su advertencia urgente al Poder Ejecutivo Nacional por los riesgos que enfrenta su supervivencia.
De acuerdo con las actuaciones en el Senado de la Nación, la iniciativa aprobada por 41 votos afirmativos establece un nuevo marco regulatorio e incentivo a la producción que eleva de forma gradual el corte obligatorio de bioetanol en naftas del 12% al 15%, y del biodiésel en gasoil al 10% durante su primer año de aplicación.
Asimismo, la norma contempla un Período de Transición fijado hasta el 1° de enero de 2036, estructurado con una cuota de reserva decreciente para empresas no integradas y exenciones al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) para todo aquel volumen que sea comercializado internamente en el mercado local.
Las modificaciones que no conforman a las pymes
El proyecto original estipulaba una reducción progresiva del cupo de las pequeñas y medianas empresas no integradas hasta su eliminación completa en 2031. Tras la negociación de último minuto en el recinto, se modificó el esquema de transición para garantizarles un piso mínimo del 4% del mercado asegurado entre 2031 y 2036.
Se incorporaron topes estrictos para evitar que los grandes complejos agroexportadores desplacen a los pequeños productores regionales. Ningún grupo económico podrá comercializar más del 10% o 20% del volumen total (según el segmento) o superar las 50.000 toneladas anuales.
Las modificaciones no alcanzaron al punto clave que reclamaban las provincias. Federico Martelli, director de la Cepreb reseñó que “las 5 provincias que hacen Biodiesel consideran que el corte debe subir al 15%; el Proyecto de la Liga Bioenergética (Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta) dice que debe subir al 15% y el Proyecto del Peronismo pide corte al 15%”.
Sin embargo, aseveró que “el único que se opone a una suba del corte que permita destrabar la Ley es el Gobierno. Por eso no entiendo a los que dicen que el problema está en el biodiesel. Si la amplia mayoría de los Senadores ya firmó proyectos que subían el corte al 15% por qué siguen dando vueltas en torno al proyecto de Bullrich que lo deja en 10“.
En el marco de un extenso temario parlamentario que culminó con la aprobación de la media sanción del régimen de biocombustibles, el Senado previamente completó una intensa jornada legislativa en la que convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II y dio luz verde a la transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la misma sesión, la Cámara Alta respaldó una serie de pliegos judiciales y diplomáticos con nuevas designaciones consulares, al tiempo que dio curso a iniciativas de marcado relief histórico, cultural y ambiental: declaró héroes nacionales a los generales Manuel Eduardo Arias y Estanislao López, instituyó el Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown y aprobó formalmente la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León.
Firme respaldo del sector bioetanolero
Las repercusiones de la votación parlamentaria no tardaron en manifestarse desde los principales bloques productivos de la agroindustria nacional. En un comunicado conjunto distribuido inmediatamente después de la sesión legislativa, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz expresaron un firme y enérgico respaldo a la decisión adoptada por el Parlamento, catalogándola como un logro sustancial para el agregado de valor en origen, la atracción de nuevas inversiones y el avance sostenido en la descarbonización de la matriz de transporte.
“La aprobación, con un amplio respaldo transversal, demuestra que los biocombustibles pueden constituir una verdadera política de Estado, articulando a distintas provincias y espacios políticos en torno a la producción, la inversión y el desarrollo regional”, expresaron de manera explícita las entidades representativas de la cadena de valor del maíz y de la caña de azúcar.
Desde el sector bioetanolero remarcaron además que este nuevo horizonte normativo dotará de previsibilidad al mercado para gatillar proyectos de inversión de largo plazo. “El bioetanol de caña de azúcar y de maíz demuestra que es posible transformar competitivamente nuestras materias primas en energía de menor intensidad de carbono, potenciando la industrialización del interior“.
“Es una oportunidad para construir una política energética sustentable, competitiva y federal, con más producción, más alternativas para los consumidores y un papel activo de las provincias en el crecimiento de los biocombustibles”, resaltaron en su salutación de la aprobación.
Entre las ventajas operativas destacadas por el sector, las cámaras enfatizaron la posibilidad de desarrollar un mercado abierto por encima de la cuota mínima obligatoria, el incentivo directo a la introducción de vehículos con tecnología flex —los cuales permiten diversificar la oferta de carga según las preferencias del consumidor— y la asignación de facultades explícitas para que los gobiernos provinciales diseñen programas de incentivo, expendio y uso dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.
La fuerte advertencia de las pymes del biodiésel
Sin embargo, el clima de festejo expuesto por la agroindustria del etanol contrasta abiertamente con la preocupación manifestada por el segmento pyme del biodiésel. A través de una carta enviada al presidente Javier Milei, los empresarios no integrados del rubro de biocombustibles advirtieron sobre las consecuencias operativas, sociales y financieras que el articulado aprobado en el Congreso podría ocasionar sobre sus estructuras productivas.
El eje central del reclamo de los pequeños y medianos procesadores radica en la mecánica de licitación y en el esquema de cuotas de transición diseñado en el Senado. Según explicaron las empresas afectadas, el sendero que reduce la reserva de mercado del 6,5% al 4% hacia el año 2036 expone a las plantas de menor escala a una competencia directa con los grandes grupos del complejo agroexportador aceitero, cuyos volúmenes operativos y niveles de integración logística resultan inalcanzables para los establecimientos del interior.
De mantenerse este formato sin modificaciones en la Cámara Baja, las pymes proyectan un escenario de marcada concentración de la oferta, pérdida de puestos de trabajo calificados y el eventual cierre definitivo de plantas procesadoras distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.
En este marco de repercusiones y posiciones fuertemente divididas, el centro de gravedad del debate se desplaza ahora a la Cámara de Diputados que, en su condición de cuerpo revisor, tendrá en sus manos la responsabilidad política de convalidar el texto remitido por el Senado para convertirlo formalmente en ley o de dar lugar a los reclamos formulados por el entramado pyme para recalibrar los porcentajes de la cuota protegida y los plazos de convergencia competitiva.
El inminente tratamiento en las comisiones de Diputados anticipa así un intenso esquema de discusiones y negociaciones entre los actores agroindustriales que ponderan los beneficios globales de la transición ambiental y aquellos sectores industriales locales que exigen un esquema de resguardo temporal para evitar que el proceso de descarbonización energética termine desplazando al tejido pyme regional de la Argentina.
Cómo fue el debate tras meses de negociaciones
La senadora Flavia Royón, como miembro informante, destacó que el dictamen puesto a consideración era resultado de un amplio proceso de construcción legislativa, en el que las comisiones analizaron siete proyectos de distintos senadores, provincias y espacios políticos, con el objetivo de compatibilizar sus aportes en un régimen común.
En este sentido, señaló que la diversidad de iniciativas refleja el interés de distintas regiones y sectores por los biocombustibles, una actividad que involucra intereses productivos, energéticos y federales y sostuvo que el dictamen busca “preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes”, al tiempo que procura avanzar hacia un marco “más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”.
La iniciativa, presentada por Royón, establece una vigencia de 15 años y designa a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. El nuevo esquema fija un corte obligatorio mínimo de biodiesel del 7,5% del volumen final del gasoil o diésel oil comercializado en el país, que aumentará al 10% a los 12 meses de la sanción de la ley.
Para el bioetanol, establece un corte mínimo del 12% de las naftas, que se elevará al 15%, también a los 12 meses. Durante la vigencia del régimen, reserva un 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado a partir de maíz. Incorpora un sistema de subastas en un mercado electrónico único para abastecer las mezclas obligatorias y establece la publicación de precios de referencia para biodiesel y bioetanol.
También habilita la incorporación de biocombustibles por encima de los mínimos establecidos, regula la producción y comercialización de biometano y del combustible sostenible de aviación —SAF o Biojet— y contempla la posibilidad de importar biocombustibles ante situaciones de escasez de abastecimiento. El régimen prevé, además, un período de transición para el mercado de biodiesel hasta el 1° de enero de 2036 y deroga la Ley 27.640 y su normativa reglamentaria y complementaria.
Por último, durante los cierres de los bloques políticos, el senador Flavio Fama (UCR) se manifestó a favor de la iniciativa. En su intervención, sostuvo que la ley incorpora “una visión diferente de apertura para la construcción de un mercado más competitivo” y señaló que, a largo plazo, busca generar condiciones de mayor competitividad. En ese sentido, destacó que el funcionamiento del mercado podría contribuir a reducir los precios de los biocombustibles que consume la población.
A su turno, el senador José Mayans (Justicialista), expresó preocupación por las empresas de diferentes provincias que van a sufrir la modificación del corte “ya que perjudica a los pequeños productores y éstos quedan en manos de los grandes”.
A su vez resaltó que van a votar a favor “por unanimidad si vemos que hay sensatez en este aspecto” pero que en caso de no modificar el cálculo de corte, “no podemos acompañar por solidaridad a estas provincias que, sin distinción de banderas políticas, nos están advirtiendo que se les mueren las empresas del lugar“.
Al finalizar las alocuciones, la senadora Patricia Bullrich (LLA) destacó que gracias a la ley antimonopolio “ninguna empresa puede superar el 20% de bioetanol comercializado para el corte obligatorio. Por eso es que acá se busca más jugadores y más competencia”.
“Esto es una transición, no un salto al vacío. Estamos dando tiempo, volumen y previsibilidad para competir en el mercado que viene. No los estamos dejando tirados y planteamos una capacidad de transformación en una cantidad de años“, manifestó al referirse a los reclamos sobre una posible pérdida de puestos de trabajo.
