

En un jueves cargado de tensión política por el tratamiento en Senado de temas estratégicos para la economía argentina, se decidió aprobar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La medida ya tenía media sanción de diputados y restaba la aprobación de la cámara alta.
El acuerdo tiene entre sus ítems más importantes la producción agropecuaria argentina, ya que se establecen cupos para la exportación de materias primas y alimentos hacia los países que conforman la unión del viejo continente.
De ponerse en marcha este acuerdo entre bloques, la carne vacuna, la aviar y subproductos agrícolas como biocombustibles de los países sudamericanos ingresarán con aranceles preferenciales a esos mercados, y genera además fuertes expectativas para muchas economías regionales que podrían llegar a Europa con una reducción mayor. Si bien no se conoce aún como será el reparto de las cuotas, se descuenta que representará grandes beneficios de negocios a los productores y exportadores: con este acuerdo se abre un mercado de alto poder adquisitivo y el convenio de intercambio más grande del mundo.
Según las estimaciones, de ponerse en marcha, este acuerdo podría generar ganancias por 35 mil millones de euros de intercambio, a los ya comercializados 100 mil.
Acuerdo Mercosur-UE: la participación argentina
La Unión Europea reúne a cerca de 450 millones de habitantes y se destaca como uno de los principales compradores mundiales de productos agroindustriales, adquiriendo cada año mercancías por un valor aproximado de 220.000 millones de dólares. No obstante, la presencia argentina en ese mercado es aún limitada, representando solo cerca del 3% del total de sus importaciones.
Justamente, este acuerdo pretende modificar ese escenario, facilitando el ingreso de casi todos los productos agroindustriales del Mercosur con ventajas arancelarias. Para la Argentina, esto implica la oportunidad de ampliar sus ventas, mejorar las condiciones de comercialización y operar bajo un marco normativo más previsible que el vigente.
El acuerdo no solo impulsa un incremento en las exportaciones, sino que también permite que los exportadores reciban mejores precios por sus productos. Al reducirse o eliminarse los aranceles en Europa, los bienes argentinos pueden ingresar al mercado europeo obteniendo un margen de ganancia superior.
Así lo destaca Maximiliano Díaz, socio director de Endógena Consultora, quien remarca que, en numerosas ocasiones, no será necesario modificar la estructura productiva actual. “Argentina ya vende varios productos a Europa a través de canales consolidados, aunque actualmente están sujetos a aranceles. Con el nuevo acuerdo, esos impuestos desaparecen, lo que se traduce en mejores precios de manera inmediata”, explica.
Cuánto tiempo puede demorar en aplicarse el acuerdo
Si bien el Congreso Nacional argentino dio luz verde al acuerdo, hay un freno de mano en Europa. Este convenio largamente negociado durante más de 25 años, sufrió a mediados de enero una nueva contingencia en su proceso de aprobación. Pese a que el Consejo de la UE aprobó políticamente el acuerdo y se realizó una firma formal en enero de 2026, su entrada en vigor quedó momentáneamente en suspenso por una decisión del Parlamento Europeo.
En una votación ajustada, una mayoría de eurodiputados acordó remitir el texto del tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe si el marco jurídico del acuerdo es compatible con los tratados del bloque comunitario y si puede ser aprobado de manera parcial o anticipada sin la ratificación de todos los parlamentos nacionales.
Ese paso, adoptado por una ajustada diferencia de votos, no equivale a un rechazo definitivo del acuerdo, pero congela formalmente la ratificación por parte de la Eurocámara. La revisión legal del TJUE es un trámite que puede extenderse hasta dos años, lo que introduce un horizonte de demora considerable antes de que el acuerdo pueda entrar plenamente en vigor.
La demanda de una opinión jurídica responde a tensiones internas en la UE sobre competencias institucionales y soberanía regulatoria, ya que algunos legisladores cuestionan si la Comisión Europea puede avanzar sin pasar por la aprobación de todos los parlamentos nacionales de los estados miembros o si ese procedimiento vulnera normas internas del bloque.
Este freno se produce en un contexto en el que los países del Mercosur avanzan en sus propios procesos legislativos para ratificar el tratado. Además de Argentina, la Cámara de Diputados brasileña aprobó la adhesión del país recientemente, y Uruguay también lo hizo.
Aunque la Comisión Europea tiene potestad para considerar la aplicación provisional del acuerdo sin esperar a la ratificación del Parlamento Europeo, esa opción depende de la culminación de procesos internos y no está garantizada.
Francia, protagonista de la pausa
La decisión tomada por el Parlamento Europeo estuvo fuertemente influenciada por la presión ejercida por los agricultores del continente, quienes se han mostrado como uno de los grupos más opositores al acuerdo desde sus primeras etapas.
Las objeciones más contundentes provienen de Francia, país donde el sector agrícola tiene un papel determinante en la política y donde las asociaciones rurales advierten desde hace tiempo sobre las consecuencias negativas que traería el tratado para la competitividad local.
Para los productores franceses, el acuerdo con el Mercosur coloca a la agricultura europea en una situación de competencia que consideran desleal, en especial en sectores sensibles como la carne vacuna, de ave, el azúcar y otros productos agroindustriales. A estas preocupaciones se suman argumentos relacionados con las normas ambientales y sanitarias, que han servido como fundamento para frenar el avance del pacto.
En los últimos meses, el descontento de estos sectores se ha manifestado a través de protestas y movilizaciones en varios países europeos, en un contexto de crisis más amplio que afecta al sector agrario. En este clima, el acuerdo con el Mercosur se encuentra inmerso en un debate más profundo sobre el rumbo del modelo productivo europeo, la apertura a mercados externos y la defensa de las economías rurales.
La puesta en marcha a pesar del freno
De acuerdo con especialistas jurídicos vinculados al sector de la carne vacuna, desde la perspectiva de la Comisión Europea, el acuerdo comercial podría comenzar a aplicarse apenas uno de los países del Mercosur lo ratifique, y únicamente entre quienes hayan formalizado esa adhesión.
Este procedimiento se mantendría al margen de la consulta elevada por el Parlamento Europeo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la validez legal del tratado.
Asimismo, si más de un país logra reunir los requisitos para acceder al beneficio arancelario (la nueva cuota de 99 mil toneladas con un arancel del 7,5%), será necesario consensuar un esquema de reparto, lo que supone un desafío complejo. Existen múltiples alternativas para definir esa distribución, cada una con argumentos legítimos que la respaldan.
Entre los criterios posibles se podrían considerar el tamaño del rodeo, el nivel de producción de carne o el volumen total de exportaciones de cada país; en cualquiera de estos escenarios, Brasil sería el principal favorecido, superando ampliamente al resto.
Aunque el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea no ha sido descartado formalmente, su futuro cercano depende ahora de una resolución judicial y de la capacidad política del bloque europeo para abordar sus diferencias internas. La remisión del texto al Tribunal de Justicia representa un punto de quiebre que posterga cualquier resolución definitiva y mantiene el acuerdo en una situación de incertidumbre institucional.





