En la economía digital, el acceso a plataformas, servicios y herramientas no es un lujo: es el requisito básico para competir y generar desarrollo. Cada empresa que vende en línea, particularmente las pymes; cada desarrollador que genera tecnología y servicios; y cada usuario que paga una suscripción, necesitan que ese acceso sea asequible.
Por ese motivo, cuando la política tributaria encarece la puerta de entrada el país limita su participación en las cadenas de valor globales y reduce su potencial de inclusión. En este contexto resulta indispensable analizar qué tipo de barreras podrían estar limitando el desarrollo digital y, por lo tanto, la inclusión digital desde la perspectiva tributaria.
Al examinar los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Argentina aplicó en los últimos años instrumentos que afectan el costo de servicios digitales: IVA Digital del 21%, un tratamiento específico del Impuesto PAIS para servicios digitales (alícuota 8% durante su vigencia) y percepciones a cuenta de Ganancias/Bienes Personales bajo la RG 4815/2020, y modificatorias (históricamente 45% – 35% – 30% según período).
Si bien el impuesto PAIS fue desactivado en diciembre de 2024, el régimen de devoluciones continúa en curso. Diseñar estabilidad y simplicidad en este marco tributario es crucial para evitar encarecer el acceso a usuarios y pymes.
De igual modo, las empresas que procesan localmente en pesos suelen enfrentar una carga efectiva mayor que operadores que liquidan en moneda dura; esa asimetría desincentiva la inversión local y encarece las soluciones para pymes.
El objetivo superior, en el contexto de las rentas y los tributos, no debería gravar la innovación hasta volverla inaccesible, sino alinear incentivos: quien invierte y procesa localmente debería encontrar un régimen claro, competitivo y predecible.
Estándares para impulsar el desarrollo digital
Una de las mayores contribuciones para el desarrollo y la inclusión digital en Argentina, es el uso de estándares internacionales que protejan a los usuarios mientras que alientan la innovación permanente.
El modelo de operación está diseñado para simplificar el cumplimiento regulatorio, la facturación y la trazabilidad de impuestos directos e indirectos, facilitando que el Estado reciba las rentas derivadas de las transacciones realizadas en el contexto de la economía digital por usuarios argentinos que acceden a servicios de empresas en todo el mundo.
Por lo tanto, a mayor inclusión digital, mayor cantidad de transacciones y mayores volúmenes de recaudación tributaria. Incentivar un campo de juego más competitivo y justo sólo puede generar beneficios para todas las partes interesadas.
Marcos Piccardo
En este sentido, algunas de las mejores prácticas internacionales que podrían considerarse para promover el desarrollo digital en la Argentina no distan mucho de aquellas que, de manera amplia, incentivan la inversión, la competencia y la innovación en la economía.
Entre esas prácticas podemos mencionar: promover la sostenibilidad fiscal a través de recaudación moderada, evitar brechas regulatorias entre actores locales e internacionales que distorsionen precios y dificulten la adopción de tecnologías, y evitar sobrecargas en usuarios y pymes que, en definitiva, los dejan fuera de herramientas y mercados esenciales.
La Argentina puede acelerar sus niveles de inclusión financiera y desarrollo digital con un marco tributario simple, estable y competitivo que incentive procesar localmente y formalizar la economía digital. Estamos listos para aportar datos, experiencia y soluciones que ayuden a valorar un régimen que recaude de manera justa y, al mismo tiempo, desbloquee crecimiento e inclusión para el país.
(*) Director general de dLocal.
