En su primer informe tras la revisión del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pincho donde duele. Según el organismo la deuda pública sigue siendo “sostenible, pero con riesgos elevados” y el país necesita afinar al máximo su programa económico para no tropezar en el intento.
La advertencia llega envuelta en lenguaje técnico y con afirmaciones edulcoradas, pero no deja dudas: la Argentina tiene que lograr superávits crecientes, reconstruir reservas y hasta rehacer su índice de precios al consumidor si quiere que el programa se mantenga en pie.
El staff del Fondo fue claro: la deuda ronda el 80% del PBI y, si bien la trayectoria proyectada es descendente, su fragilidad salta a la vista por tres factores que el informe enumera sin rodeos:
1. Un bajo nivel de reservas internacionales netas, que incluso obligó a recalibrar la meta de acumulación: ahora el objetivo es sumar USD 5.500 millones en 2025, partiendo de un rojo de USD 8.200 millones en abril, con el compromiso de volver a la senda original recién en 2027.
2. Necesidades brutas de financiamiento cercanas al 10% del PBI anual hasta 2027, con picos de vencimientos en moneda extranjera por USD 10.000 millones entre agosto de este año y enero de 2026.
3. Un mercado doméstico todavía poco profundo que obliga al Tesoro a buscar oxígeno afuera. El Fondo celebró la “reapertura” de Argentina a los mercados internacionales, pero lo cierto es que las tasas continúan en niveles prohibitivos. La traducción es que el FMI insiste en que el Gobierno siga emitiendo bonos en pesos suscriptos en dólares para inversores extranjeros, los mismos que brillaron por su ausencia en las últimas licitaciones. Sin ese financiamiento, advierte el informe, se complica el plan de usar esos recursos para pagar vencimientos en divisas sin seguir aumentando la deuda externa.
Otro punto llamativo es que el FMI pidió “reformular” el índice de precios al consumidor, dando a entender que el actual no refleja adecuadamente la dinámica inflacionaria. En otras palabras, para el Fondo hay dudas sobre si el termómetro está bien calibrado. Y eso no es un detalle menor en un programa que fija metas y proyecciones basadas, justamente, en la inflación medida.
El Fondo reconoce los logros recientes: la inflación bajando al 1,6% mensual en junio, un crecimiento del PBI que se estima en 5,5% para este año y un superávit primario que hasta ahora cumple. Pero también advierte que todo esto reposa sobre una combinación frágil: una política fiscal “estricta”, un mercado financiero al que hay que tentar casi con fórceps, y una acumulación de reservas que depende de repos, privatizaciones (como la venta de AySA que el organismo considera prioritaria, y deuda colocada en dólares.
Con un dejo de realismo que suena casi irónico, el informe admite que las metas de reservas fueron “reformuladas” para adaptarlas a la realidad y que el país necesitará “planes de contingencia” ante shocks externos o ruido político.
Esto quiere decir que si algo sale mal, y siempre puede salir mal, el Gobierno deberá ajustar aún más para no perder el ancla del programa. En paralelo, el Fondo pide “avanzar en reformas estructurales”.
Todo esto en un contexto de riesgo país todavía elevado y con la advertencia explícita: “La sostenibilidad de la deuda no está asegurada con alta probabilidad”. ¿El telón de fondo? Un programa que depende de que la Argentina consiga lo que hasta ahora le cuesta: convencer a los mercados, sumar reservas de verdad y mostrar que puede pagar.
