La Justicia le dio un revés al Gobierno y avaló el reclamo de Telecom Argentina en la disputa por la compra de los activos locales de Telefónica. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal aceptó la apelación de la empresa y, de manera contundente, ordenó a la Secretaría de Comercio que se abstenga de avanzar con nuevas medidas que impidan la integración de esas operaciones.
A fines de marzo el Gobierno había dispuesto que durante seis meses la empresa de telecomunicaciones se abstuviera de integrar a su estructura o tomar decisiones sobre los activos locales de Telefónica.
“Hoy, la Sociedad fue notificada de la resolución que resolvió: conceder con efecto suspensivo la apelación de Telecom Argentina y ordenar al Secretario de Industria y Comercio que se abstenga de disponer cualquier medida que sea contraria al efecto suspensivo“, informó Telecom en una comunicación enviada este jueves a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La Justicia anuló la suspensión preventiva de la compra de Telefónica por parte de Telecom
La apelación había sido presentada luego de que el 21 de marzo el Ejecutivo suspendiera preventivamente la fusión entre ambas compañías. Esa resolución, justificada por “posibles efectos sobre la competencia”, frenó en seco una operación anunciada apenas semanas antes, el 24 de febrero, por u$s1.250 millones.
El Gobierno había alertado que, de concretarse, la integración generaría una concentración del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en servicios de Internet residencial en algunas regiones del país.
El propio presidente Javier Milei fue uno de los primeros en expresar su rechazo público a la fusión: “Podría dejar el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico”.
El anuncio del acuerdo por la compra se hizo tras un proceso exprés iniciado por Telefónica España con el banco JP Morgan como intermediario. También pujaron por los activos América Móvil (Claro), la francesa Iliad, la estadounidense Liberty Global y la operadora Tigo (Millicom). Sin embargo, fue Telecom la que logró cerrar el acuerdo. Para financiarlo, la empresa recurrió a préstamos por u$s1.170 millones otorgados por un consorcio liderado por BBVA, Deutsche Bank, Santander e ICBC.
La toma de control fue inmediata. Ese mismo día, Marcelo Tarakdjian -CEO de Telefónica Móviles Argentina- informó a los empleados que “el nuevo accionista se hará cargo de la operación a partir de mañana mismo” y presentó su renuncia. En su lugar fue designado Gabriel Speratti, ex directivo de Microsoft, Nokia y American Tower.
Desde la perspectiva empresarial, la adquisición representó un paso lógico en el camino de concentración del sector: ya en 2017, Telecom había absorbido Cablevisión, lo que marcó el inicio de su reconversión en un operador convergente de telecomunicaciones y contenidos.
La transacción también trajo implicancias estructurales: entre Personal y Movistar, el nuevo grupo pasaría a concentrar más de 41 millones de líneas móviles sobre un total estimado de 60 millones en todo el país. A eso se suman los vínculos históricos de ambas empresas con la antigua EnTel, cuya infraestructura volvería a estar bajo un mismo paraguas privado, aunque regulado.
La postura de Javier Milei sobre la fusión de Telecóm con Telefónica
En el plano político, la movida encendió las alarmas en la Casa Rosada. Según trascendió, incluso hubo intentos por convencer a Starlink -la firma satelital de Elon Musk- de intervenir en el proceso como posible comprador. Pero el anuncio se formalizó un lunes y, pocos minutos antes, Milei publicó en su cuenta de X una crítica directa: “Clarín: la gran estafa argentina”.
El mandatario aseguró que “quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas“, y acusó al holding de presionar gobiernos para obtener beneficios. “Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos”, sentenció.
Desde el punto de vista regulatorio, el marco legal no prohíbe expresamente esta clase de concentraciones. El decreto 731/89, firmado durante el menemismo, solo establece una “preferencia” por operadores múltiples, pero permite la concesión total a un solo actor, siempre que obtenga aprobación del Poder Ejecutivo. Es decir, con un simple decreto presidencial, el Gobierno puede autorizar o frenar la operación.
De momento, la batalla está judicializada. El fallo que favorece a Telecom suspende la aplicación de las restricciones ordenadas por la Secretaría de Comercio, lo que podría allanar el camino para que el holding continúe con su estrategia de expansión, al menos hasta que haya una definición final del caso.
