El gasoducto inyecta dólares, sus beneficios son indiscutibles. La historia del gasoducto rebautizado Perito Moreno, se remonta al gobierno de Mauricio Macri. Un proyecto que se truncó por falta de inversores privados.
Durante el gobierno de Alberto Fernandez, el proyecto fue muy discutido. El aporte solidario y extraordinario sobre patrimonios superiores a los $2000 millones conocido como impuesto a la fortuna, inyectó recursos suficientes para arrancar un obra que se demoraba en el despacho de Martín Guzmán. Se aceleró y concluyó bajo la gestión de Sergio Massa.
La novedad de ahora es que el gobierno libertario convocó a inversores privados para ampliar la capacidad de transporte del caño, de los actuales 22 mm3 a 36 mm3 por día. Se trata de un proyecto que presentó la empresa TGS y presupuestó en USD 700 millones. En efecto, en la convocatoria de la Secretaría de Energía se reconoce expresamente que la obra que se somete a compulsa a todos los jugadores locales e internacionales interesados es el proyecto presentado por esta compañía.
Mas curioso aún, es que la licitación incluye la operación y mantenimiento del caño. Hasta el momento, la concesión fue otorgada por contrato a la sociedad conformada por TGS y Enarsa con vigencia hasta 2028.
“Una vez más rompen contratos despues de haberse llenado la boca con lo de la seguridad jurídica”, dijo a LPO un ex funcionario de Energía.
En la industria la lectura es otra. Intepretan que se trata de un pliego hecho a medida. “Es obvio que lo va a ganar TGS, mirá si le van a sacar la operación del caño. Es un pliego hecho a medida, mencionan a la empresa y todo. Ojo no se les convierta en otro caso Hidrovía”, advitieron a LPO desde una constructora con pie en Vaca Muerta.
“Es un mecanismo para correr al Estado del caño que de alguna manera financió”, agregaron.
