Las ocho localidades del Gran Rosario, donde se ubican los 32 puertos por donde se despacha el 80% de las exportaciones del país, hace décadas que cobran una tasa de 10 mil pesos a cada camión en concepto de mantenimiento de pavimento, limpieza y otros servicios.
El tema generó reiterada polémica y el gobernador Maximiliano Pullaro, con viento a favor por el clima político que impera, está decidido a quitarle a los intendentes una caja que se calcula, ronda los 25 mil millones al año.
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Desde siempre, las cerealeras pusieron el grito en el cielo contra la tasa municipal porque aseguran que encarece el costo logístico, de por sí elevado por falta de inversión e infraestructura adecuada.
De hecho, señalan que los intendentes utilizan esos fondos para realizar obras que nada tienen que ver con los accesos a los puertos. El caso de la comuna de Timbúes es emblemático porque los kilómetros que separan la ruta de las terminales son de ripio y nunca se concretó un plan de obras para su pavimentación siendo que es una de las localidades más beneficiadas por la tasa vial por la cantidad de camiones que ingresan.
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Sin embargo, las agroexportadoras ven con desconfianza el plan que impulsa Pullaro que pretendería elevar el peaje de 10 mil a 25 mil pesos, que el gobierno provincial le cobre a los camiones y luego coparticipar con las comunas según las obras certificadas que realicen que deberán estar íntegramente destinadas a mejorar los caminos a los puertos.
En el gobierno de Santa Fe se habla de una tarifa plana para cada camión que luego le permita descargar en cualquiera de los 32 puertos sobre el río Paraná instalados desde Arroyo Seco hasta Timbúes.
En primer lugar, no están de acuerdo con el aumento del 150% del impuesto porque aumenta la carga sobre el costo logístico. Además, dijeron a LPO fuentes empresarias, temen que los intendentes y jefes comunales creen una nueva tasa “por contaminación ambiental, por ejemplo” y se duplique la carga impositiva.
Es que los intendentes de las zonas portuarias mantienen una caja muy significativa para sus presupuestos y no están dispuestos a entregarla fácilmente. Del otro lado, Pullaro va a fondo y quiere hacerse del control.
“El gobernador se tendría que sentar con todos los actores para lograr un acuerdo que le de una solución definitiva al tema y que no lo complique aún más”, suplicó la misma fuente.
