La comisión directiva de ATE Capital definió que, a partir de este miércoles, los trabajadores despedidos ingresen por la fuerza a sus puestos de trabajo en los ministerios y otras dependencias estatales con el apoyo de los delegados gremiales.
“Que todas las comisiones internas se presenten en los lugares de trabajo, realicen asambleas y que los cuerpos de delegados confluyan en un plenario de secretarios generales el jueves”, anticipó a FM La Patriada el secretario General adjunto de ATE Capital, Manuel Sueiro.
Según el dirigente gremial, los funcionarios encargados de ejecutar los despidos lo hicieron con “desconocimiento y brutalidad”. “Hay avisos que llegan por WhatsApp o con llamados en alta voz”, dijo expresó Sueiro.
Durante el fin de semana largo por los feriados de Semana Santa y el 2 de abril, el gobierno pretende concretar alrededor de 15 mil despidos.
Adorni contradijo a Milei y aclaró que los empleados despedidos serán 15 mil
En la CTA, comentaron a este medio que el miércoles “se va a poner pesado” y presumen que la respuesta de la Casa Rosada puede derivar en un despliegue de las fuerzas policiales en los ministerios y secretarías de Estado.
El recuento parcial de los trabajadores echados incluye, además, una crítica por la tercerización de Javier Milei en la ejecución del ajuste. “Entre el grupo Techint y el grupo Eurnekian, están ocupando la gran mayoría de las dependencias del Estado nacional”, argumentó el secretario adjunto de ATE.
En la Secretaría de Trabajo, por caso, interviene Ernesto Rona, ex director de Recursos Humanos de la empresa de Paolo Rocca, quien realizó 600 despidos. No obstante, en el Ministerio de Economía y otras reparticiones del Gabinete los que despiden responden a la línea de Luis “Toto” Caputo.
Las irregularidades descriptas por fuentes gremiales destacan lo que pasó en Agricultura Familiar. Allí se les dieron de baja los usuarios del sistema GDE que utilizan los trabajadores para sus funciones diarias sin que recibieran ningún tipo de mensaje, similar experiencia a la de quienes no podían pasar desde la semana pasada porque les anularon el registro de su huella digital en los edificios donde se desempeñan.
