La decisión de la jueza de la Corte Suprema del distrito Sur de Nueva York conocida el viernes pasado, representa un duro golpe para la petrolera estatal YPF y para el gobierno de Javier Milei.
Frente al pedido de la Argentina, Preska se negó a extender el tiempo que tiene el gobierno para depositar una garantía para evitar embargos por el juicio que le ganó el fondo Burford Capital. Pese al pedido que realizó esta semana la Procuraduría del Tesoro a cargo de Rodolfo Barra, que defiende al gobierno por los litigios internacionales, y hay plazo hasta el 10 de enero para depositar una garantía por los 16.000 millones de dólares que debe pagar por el juicio.
En caso contrario, el fondo Burford Capital podrá comenzar a solicitar embargos contra el estado argentino como ocurrió en el 2012 con el embargo de la fragata Libertad en el puerto de Ghana.
En su contestación ante el nuevo pedido del gobierno de Milei, la jueza destaca que “el último pedido de la República Argentina parece ser un nuevo intento de cambiar las reglas de juego” y además cita que los demandantes califican la estrategia del gobierno argentino “como de demora procesal y ofuscación”.
Al respecto hay que recordar que el gobierno del presidente de la Nación, Javier Milei, solicitó esta semana un pedido de extensión de 30 días a la Corte de Apelaciones de Nueva York para introducir las primeras medidas del caso que obliga a la empresa YPF a pagar al fondo Burford Capital un total de 16.000 millones dólares. Se trató de tres pedidos.
A) La anulación del pedido del requerimiento de presentar garantías.
B) La extensión por 90 días para presentar garantías y evaluar el caso a fondo.
C) El pedido de 30 días de plazo para presentar los primeros argumentos en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Los argumentos de los abogados del Estado Argentino por ahora siguen los mismos criterios.
El estudio Sullivan & Cromwell ha informado que la Argentina desea honrar sus obligaciones y buscará dialogar con los acreedores al parecer se buscaría demorar el pago o renegociarlo en varias cuotas al fondo Burford Capital.
Argentina deberá desembolsar u$s16.000 millones para evitar el embargo
Se trata de un juicio que duró unos ocho años y se generó luego de la expropiación de la petrolera a la empresa española Repsol que realizó en abril del 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como su ministro de Economía.
El informe de inversores privados damnificados por la estatización de YPF que dio a conocer hace dos meses en forma exclusiva Iprofesional además de explicar la trama política y financiera que permitió al Grupo Petersen comprar un 25 % de YPF sin poner un solo dólar, dejó al descubierto el dudoso accionar de algunas autoridades del gobierno de CFK y de varios directores de la empresa en ese entonces.
El Grupo Petersen compró el 25 % de YPF a Repsol sin poner un solo dólar
En el primer párrafo de su último capítulo el informe destaca que, “para que el fraudulento reclamo del fondo Burford ante la Corte Suprema de Nueva York tuviera éxito, era indispensable para los directores de YPF nombrados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2012, que no se investigaran algunos casos sospechosos ocurridos en asambleas de accionistas.
Esas maniobras fueron realizadas por las autoridades del Estado argentino, titular de 51% de las acciones de YPF, por varios de los directores, y por miembros de la Comisión Fiscalizadora de YPF.
“Los directorios no cumplían con las obligaciones que les imponía la ley, mediante omisiones y acciones concretas, todas en perjuicio de YPF y el Estado argentino. Este a su vez convalidaba todas las actuaciones en las asambleas de accionistas, en un claro abuso de su mayoría”, dice el informe.
Axel Kicillof tuvo un doble rol como funcionario público y director de YPF
También el informe hace referencia al rol que tuvo Axel Kicillof, quien “jugó un papel preponderante. Su doble rol de director de YPF y funcionario público le permitió por un lado ser partícipe de los sospechosos actos cometidos por el directorio y luego ser participe en la validación posterior, mediante la aprobación en las asambleas de accionistas de las gestiones del directorio, utilizando para ello abusivamente la mayoría accionaria del Estado argentino”.
El informe destaca también que se cometieron acciones de encubrimiento hasta el caso de obstruir los reclamos judiciales en beneficio de YPF presentados por inversores minoristas privados contra ex directores de YPF para que estos restituyeran a la empresa el dinero cobrado por honorarios que no correspondían.
El Grupo Petersen vendió el juicio contra la República Argentina al fondo Burford
“Sus omisiones y acciones de encubrimiento además de impedir que YPF sea resarcida, los coloca como cómplices y participes necesarios en la fraudulenta demanda que se tramita en la Corte de Nueva York por parte de las empresas del Grupo Petersen contra YPF por más de 4.000 millones de dólares” describe el informe. Luego el Grupo Petersen le vendió los derechos de litigar al fondo Burford.
En referencia a los dividendos cobrados en exceso, en la Asamblea de Accionistas de YPF de 2012, se denunció que los directores cobraron ilegalmente dividendos por sumas millonarias.
El informe da a entender que en esos repartos de dividendos se tomaron recursos de YPF para enriquecer a Repsol y al Grupo Petersen que no puso un solo dólar para quedarse con el 25 % de YPF gracias una maniobra financiera y política.
El informe menciona que en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Accionistas del 17 de julio de 2012 (Asamblea Anual 2012) los accionistas privados denunciaron que los directores se repartieron honorarios ilegales por resultar estos superiores a los aprobados por los accionistas e informados al mercado.
“En dicha Asamblea el presidente de YPF, Miguel Galuccio, informó a los accionistas que, durante el ejercicio de 2011, YPF abonó a sus directores por el desempeño de sus funciones la suma de unos 59 millones de pesos, cuando el monto máximo autorizado por la Asamblea del 26 de abril de 2011, fue de 21 millones de pesos”.
Además, afirma que: “en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Accionistas del año 2013 los inversores minoristas solicitaron la orden de demandar judicialmente a los responsables de causar perjuicios a YPF, pero no tuvieron ninguna respuesta por parte del Estado representado por el presidente de la empresa Miguel Gallucio y por Axel Kicillof.
Se informa en detalle que se pagaron honorarios y remuneraciones que no fueron aprobadas por el Directorio y que excedieron lo aprobado por las Asambleas totalizando por todos los periodos señalados la suma de unos 236 millones de pesos que incluye la suma de unos 139 millones de honorarios abonados y la suma de otros 97 millones de pesos en concepto de intereses.
Axel Kicillof tuvo un doble rol como funcionario público y director de YPF
También el informe describe que se inició una demanda contra el ex presidente de YPF Antoni Brufau por la restitución de los 124 millones de pesos, que cobraron los directores en exceso de lo autorizado y aprobado por las respectivas Asambleas durante los años 2010 y 2011.
El informe explica que “el inicio de esta demanda no tuvo intención alguna de recuperar los millones sustraídos de YPF ilegalmente, sino presionar a Antoni Brufau para llegar a un acuerdo con el Estado argentino utilizando a YPF y el resto de sus accionistas.
El informe de accionistas privados al que accedió Iprofesional describe que la “Demanda Brufau” no fue informada por YPF como un hecho relevante, como tampoco en sus presentaciones ante SEC y la CNV, ni mencionada en los Estados Contables correspondiente al ejercicio 2013, siendo que YPF resultaba acreedor de una considerable suma de dinero.
Por el acuerdo de expropiación firmado con Repsol la República Argentina ya pagó unos 5.000 millones de dólares
En noviembre de 2013 desde fuentes cercanas al gobierno se lanzó la versión a los medios que se habría llegado a un Pre Acuerdo para presionar a Repsol y a su presidente Antoni Brufau para llegar a un acuerdo compensatorio por el precio por la expropiación por una suma por el equivalente a unos 5.000 millones de dólares pagadera en bonos del estado nacional.
Luego Repsol comunicó, con fecha 27 de noviembre de 2013 que: “El Consejo de Administración ha analizado y valora positivamente el principio de acuerdo anunciado por el Gobierno argentino acerca de la compensación por la expropiación del 51% de la participación accionarial de Repsol en YPF”.
Mas tarde con fecha del 25 de febrero de 2013 el ministerio de Economía, informó que el gobierno de la República Argentina y Repsol, S.A. llegaron a un acuerdo con respecto de la compensación por la expropiación de 200.589.525 acciones Clase “D” de YPF S de conformidad con la Ley 26.741 y el 27 de febrero el gobierno de la República Argentina y Repsol firmaron el mismo.
En ese acuerdo se fijó como fecha de pago el día 7 de mayo de 2014, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones, entre ellas, que el Congreso de la Nación aprobará el acuerdo que finalmente se aprobó, y que el gobierno pudiera remover medidas judiciales dictadas por reclamos de terceros contra Repsol.
El problema fue que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió y estatizo la petrolera en abril del 2.012 sin realizar la Oferta Pública de Acciones (OPA) tal como figuraba en el estatuto definido en 1.993 en la privatización realizada en la presidencia de Carlos Menem.
En ese estatuto la Argentina se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición de una porción de YPF obligaba a hacer una oferta pública por el total de las acciones algo que ese gobierno ignoró cuando expropió y estatizo la empresa lo que motivó el juicio iniciado por el fondo Burford que logró una sentencia definitiva en la Corte Suprema de Nueva York que obliga a la República Argentina a pagar una suma de 16.000 millones de dólares y que de acuerdo a la nueva contestación de la Jueza Loreta Preska el gobierno del presidente Javier Milei tiene tiempo hasta el próximo 10 de enero para presentar las garantías y de esa forma poder evitar embargos de bienes del estado argentino a partir de esa fecha.
