El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo anticipó a LPO que vetará un polémico proyecto para censurar portales de manera exprés, pese a que la iniciativa fue presentada por un integrante del propio bloque peronista.
Un proyecto del diputado Gerónimo Vargas Aignasse levantó un revuelo en Tucumán porque ordenaba el retiro urgente, en menos de seis horas, de contenidos publicados en diarios digitales y redes sociales que un juez considere en forma exprés como “calumnias o injurias”, sin dar derecho al medio a defenderse. Un caso de censura previa flagrante que barre con una buena cantidad de derechos protegidos por la Constitución Nacional.
El texto crea una “Medida Cautelar Digital” especial para actuar contra publicaciones que supuestamente constituyan calumnias o injurias, “en forma manifiesta, inequívoca y acreditada”. La medida no apunta sólo a las redes sociales, sino que también alcanza a los diarios digitales, portales web y cualquier medio de comunicación en Internet.
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El problema es que la supuesta injuria o calumnia no se debate en un juicio, como corresponde, si no que queda a criterio de un juez que en apenas seis horas puede ordenar su eliminación.
“Si la Legislatura aprueba el proyecto el gobernador en uso de sus facultades lo vetará”, anunció el gobernador a LPO.
Ante el revuelo que causó en Tucumán que Clarín publicara el tema, fuentes de la Legislatura tucumana dijeron a LPO que pese a que el proyecto obtuvo dictamen, no sería llevado al recinto.
Una vez que estalló el escándalo a nivel nacional, en el bloque peronista intentaron morigerar el contenido de la iniciativa afirmando aseguran que el proyecto excluía a las publicaciones sobre funcionarios públicos y se limitaba a salvaguardar a los “ciudadanos comunes” de escraches en redes y portales.
El objetivo, dijeron, era evitar los ataques a jóvenes que son difamados en redes. Una excusa poco creible.
