La jueza María Servini dispuso embargos millonarios contra financistas y casas de cambio investigadas por el circuito paralelo de divisas durante 2023.
La Justicia avanzó este martes en la investigación sobre el denominado “dólar K” y estimó que el presunto perjuicio económico para el Estado superó los u$s607 millones. La cifra fue incorporada en un fallo firmado por la jueza María Romilda Servini, en el marco de la causa que investiga un esquema de compra y reventa ilegal de divisas durante la gestión de Alberto Fernández.
Causa “Dólar K” costó al Estado más de 600 millones de dólares
El cálculo fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que analizó extracciones de dinero en efectivo efectuadas entre enero y septiembre de 2023 por las casas de cambio bajo investigación.
A partir de esa estimación, Servini ordenó un embargo preventivo por $859.516 millones contra más de cien casas de cambio, financistas y operadores vinculados al circuito. Entre los principales apuntados aparece Elías Piccirillo, conocido en el mercado informal como el “rey del blue”.
También figura entre los embargados Martín Migueles, cuyo teléfono celular aportó audios considerados clave por la Justicia para reconstruir el supuesto funcionamiento de un “circuito paralelo” relacionado con el sistema SIRA.
Qué dijo la Justicia sobre el rol del Banco Central
En el fallo, la magistrada sostuvo que el accionar de funcionarios del Banco Central de la República Argentina “habría resultado funcional al esquema” y que ello permitió que “los mecanismos de control institucional no interrumpieran la operatoria”.
En paralelo, otro expediente judicial investiga a funcionarios vinculados al organismo monetario. Entre ellos aparece Romina García, quien fue grabada afirmando que había “gente de arriba entongada”. Posteriormente, la funcionaria explicó ante autoridades del Central que realizó esa afirmación porque estaba “nerviosa” y para “llevar la conversación”.
Según la resolución judicial, el 99% de los dólares que integraban el circuito investigado “fue extraído físicamente” del Banco de Servicios y Transacciones (BST).
La jueza indicó que la entidad “habría omitido su deber de controlar el carácter genuino de las operaciones”, aunque aclaró que, por el momento, no se adoptaron medidas judiciales directas contra el banco.
Cómo funcionaba el circuito del “dólar K”
De acuerdo con la investigación, el esquema consistía en acceder a divisas al tipo de cambio oficial a través de determinadas operatorias y luego revender esos dólares en el mercado paralelo a una cotización superior.
La Justicia detectó al menos ocho casas de cambio que habrían recibido unos $140.000 millones que “no habrían sido informados en la base RIOC como operación de cambio”.
Entre las firmas investigadas aparece una cuyo presidente declaró ante la Justicia que trabajaba como “changarín” y colocador de aires acondicionados, pese a estar vinculado a movimientos millonarios dentro del circuito financiero bajo sospecha.
