El kirchnerismo espera concretar una de las movilizaciones más importantes de los últimos tiempos este miércoles, para acompañar a Cristina a Comodoro Py, cuando le deberían notificar las condiciones de su detención.
La posibilidad de una manifestación realmente masiva, que nadie sabe como puede terminar, encendió todas las alertas en la Casa Rosada, que está cada vez meas incómoda con la pérdida de control de la calle y la agenda política.
“Esto es un cisne negro, básicamente porque tenemos control cero de la situación”, reconocen en la Casa Rosada, donde inicialmente subestimaron el impacto político y social que podía tener el fallo.
Por eso, Santiago Caputo y su colaborador, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mantienen por estas horas intensos diálogos con sectores del poder judicial, para conseguir que los jueces que tienen a cargo la ejecución de la condena contra Cristina le otorguen directamente este martes el beneficio de la prisión domiciliaria, para que no sea necesario que el miércoles se acerque a Comodoro Py. La idea, obvio, es quitarle un argumento a la movilización. Pero en el kirchnerismo desconfían.
“La marcha se hace el miércoles. Está convocada a primeras horas de la mañana. Después tendremos certeza de a qué hora es y vamos a estar preparados. Hay que tener en cuenta que hace unos 10 días los medios de comunicación del Grupo Clarín, La Nación y AEA jugaron durante una semana con que la iban a meter presa, pero no se sabía cuándo. Fueron y vinieron en una suerte de mareo, y finalmente lo hicieron. Yo creo que hay que estar preparados, muy preparados para el miércoles. Preparados desde la mañana a acompañarla donde sea, sea en Comodoro Py, donde sea vamos a estar con ella”, dijo este domingo la senadora provincial Teresa Garcia, una de las dirigentes más cercanas a Cristina.
La definición de las condiciones de detención de Cristina está a cargo del presidente del tribunal oral que la condenó, el juez Jorge Gorini. Pero este magistrado se lleva bien con sus colegas, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y la decisión que tome será consensuada.
Giménez Uriburu y Basso, que arrastran rencores con el kirchnerismo a quien acusan de haberlos espiado y amenazado, querían endurecer las condiciones de detención y no descartaban directamente negarle la domiciliaria a Cristina, como reveló LPO.
Por eso, Gorini suspendió una licencia que tenía concedida y se quedó en el país. Gorini intenta moderar a sus colegas y los fiscales, que ante la amenaza de una marcha multitudinaria, empezaron a revisar su posición.
“Hay mucha preocupación en todo el edificio de Comodoro Py, son varios los jueces y fiscales que están pidiendo que se dejen de joder y le den la domiciliaria rápido a Cristina”, confió a LPO un juez federal.
Por temor a los desbordes, desde la Casa Rosada quieren evitar una puesta en escena como la foto de Amado Boudou en pijama y con esposas.
