El gobierno mira con atención el impacto internacional de la condena contra Cristina. Con la confirmación de la Corte Suprema, la estrategia de la ex presidente pasará por la presión internacional a través de la sumatoria de apoyos políticos como el de Claudia Sheinbaum y Lula y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
LPO adelantó en exclusivo que el Grupo de Puebla es uno de los sectores que acompaña a través del Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia que lideran la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón, se trata de dos juristas prestigiosos y con mucha conexión en los ámbitos de la justicia internacional.
El equipo jurídico del Grupo Puebla cree que “el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal” y por eso la decisión es presentarse ante la CIDH.
Una fuente que trabaja en este sentido explicó a LPO que “todavía no están definidos los pasos pero si está la decisión hacer una presentación ante la Corte Interamericana, pero eso tiene sus tiempos, porque primero tienen que resolver, están todos muy abocados a si le dan la domiciliaria”.
Lula llamó a Cristina y le pidió que “se mantenga fuerte en estos momentos difíciles”
Por el otro, agregan, se está conformando el Comité por la Libertad de Cristina, en un esquema parecido al realizado para reclamar la liberación del ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, donde confluyen juristas, abogados de distintos países para realizar acciones de defensa de Cristina a nivel internacional.
En esa línea, en el Partido Justicialista reunieron a todos los dirigentes vinculadas con relaciones internacionales del peronismo para realizar acciones conjuntas.
Entonces, aquí tenemos tres frentes de acción para Cristina en el plano internacional. El Grupo de Puebla con Proner y Baltazar Garzón, los abogados personales Cristina como Carlos Beraldi y el Partido Justicialista en coordinación con los aliados regionales como el PT de Brasil, Morena en México y hasta algunos se animan a sumar al Partido Comunista de China con quien el PJ tiene una relación cercana e institucional.
Una fuente que esta trabajando con la ex presidenta aclaró que antes de llegar a la corte interamericana deben agotarse las instancias institucionales dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “El reclamo puede ser una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: CFK (como persona afectada), sus representantes legales, un tercero (ONG, un abogado o un ciudadano) con interés legítimo”, detalla.
Una vez hecho el pedido alegando violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH evalúa si se cumplen los requisitos formales como el agotamiento de recursos internos, el plazo de 6 meses desde la última resolución judicial definitiva y la no duplicación, es decir, que este en estudio en otra instancia internacional.
Si la CIDH admite la denuncia, estudia el caso y determina si hubo violación de derechos (ejemplo, debido proceso, persecución política, etc). Luego emite informe de fondo que es más largo y más detallado con todos los hechos y derechos violados y recomendaciones al estado argentino. En esta instancia si el estado no cumple , la CIDH puede mandar el caso a la corte .
La CIDH puede emitir recomendaciones al Estado argentino, remitir a la Corte IDHSi Argentina no cumple con las recomendaciones dentro de un plazo, la CIDH puede enviar el caso a la Corte IDH (la víctima no puede hacerlo directamente).
Allí se analiza el caso y, si encuentra violaciones, puede condenar al Estado argentino, ordenar reparaciones y eventualmente exigir la nulidad del fallo o medidas para restituir derechos como el derecho a ser candidata.
Argentina tiene representación en la CIDH con Andrea Pochak que trabaja en este tipo de causas pero al ser argentina no va a poder tener voto.
“Hay que tener en claro que la Corte Interamericana no es un tribunal de alzada o apelación de la justicia argentina. No tiene la facultad de dejar sin efecto una sentencia de la CSJN. En caso de se acepten los argumentos de violación al debido proceso puede decir que AR violó el Pacto de San José y pedir a Argentina que adecue su conducta como que haya un nuevo juicio”, puntualizó esta fuente.
Con todo esto, el gobierno está molesto por los costos que puede generarle esta situación tanto en las cumbres políticas como en otros ámbitos globales a partir de la denuncia en la justicia internacional.
Una fuente diplomática de buen diálogo con el canciller reconoció a LPO que “es una situación incómoda. Tres de cuatro socios del Mercosur se solidarizaron con Cristina, dos de los tres países latinoamericanos del G20 también”.
Otro diplomático con experiencia en organismos internacionales dijo que “la condena estará presente en todas las instancias de representación. Los embajadores estaban complicados para lograr consensos antes de esto, ahora será peor”.
Sheinbaum se solidarizó con Cristina y no descarta un comunicado con Lula, Petro y Boric
A su vez, sostiene que “está claro que Milei cree que con el apoyo de Estados Unidos alcanzó para defender esto pero el mundo y los acuerdos que tiene Argentina con otros países, especialmente con la región son muchos”.
“Decimos que somos la salvación de los valores de la libertad de Occidente y tenemos a la líder de la oposición presa y con respaldo internacional. Aunque no la quieran ver, nos quita prestigio internacional”, concluye.
