Javier Milei analiza lanzar un plebiscito de revocatoria de mandato en la asamblea legislativa de este sábado para salir de la encerrona del criptogate.
La idea responde a una serie de jugadas que viene haciendo el gobierno para tapar el caso Libra, que por ahora no le están resultando habida cuenta que el tema sigue interesando hasta al New York Times, que este viernes confirmó que se pedían coimas para reunir a Milei con empresarios.
La Constitución Nacional establece en su artículo 40 que el presidente sólo puede convocar a una consulta popular no vinculante, sin que el voto sea obligatorio. Sólo el Congreso, por medio de la Cámara de Diputados, puede convocar a una consulta popular para convertir un proyecto en ley.
Pero la Constitución no contempla la revocatoria de mandato: para destituir a un presidente: la única vía es el juicio político. No es lo mismo en otros países. El ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un plebiscito de revocación de mandato en abril de 2022 y consiguió el respaldo de más del 90% de los votantes que optaron por que continuara en la presidencia. Sin embargo, la participación fue de alrededor del 18% y el resultado no fue vinculante ya que quedó por debajo del 40% necesario.
Con un simple decreto Milei puede llamar a una consulta popular no vinculante, que se convertiría en una suerte de encuesta nacional. Santiago Caputo es quien empuja esa idea porque le promete un triunfo a Milei.
El asesor estrella, que tiene una cuenta en Twitter llamada Milei Emperador, cree que una victoria le permitirá profundizar al libertario en su carrera autoritaria, como quedó demostrado en los últimos días con la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto y la amenaza de la intervención de la provincia de Buenos Aires. Todavía no está analizado con profuniddad el camino a seguir si Milei llega a perder el referéndum.
Entre las deliberaciones que hay por estas horas hay una que incluye una estrategia para sumar legisladores: si Milei llegara a pegar el plebiscito con la elección nacional, estaría al tope de la boleta. Pero eso está prohibido por el artículo 14 de la ley 25.432, que establece que el día fijado para la realización de una consulta popular, no podrá coincidir con otro acto eleccionario.
En la Argentina nunca hubo un plebiscito de revocatoria de mandato, pero sí hubo otros tipos de referéndum. En 1984, Raúl Alfonsín lanzó un plebiscito nacional no vinculante para que la ciudadanía definiera si aceptaba o rechazaba el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el Conflicto del Beagle, luego de la mediación de Juan Pablo II.
El 6 de abril de 1990, Carlos Menem lanzó una “plaza del Sí” con el apoyo del periodista Bernando Neustadt. El riojano atravesaba un momento que lo encontraba a la defensiva, como le sucede ahora a Milei. En ese momento, Menem llevaba menos de un año en el poder y enfrentaba críticas por su plan de ajuste económico, la hiperinflación y la reciente privatización de empresas estatales.
El 21 de abril de 1993, Menem repitió la plaza del Sí para y tras una gran movilización de sindicatos y gobernadores, hizo una demostración de fuerza que meses más tarde le permitió avanzar con el Pacto de Olivos que le habilitó la reelección.
Milei ya analizó lanzar un plebiscito el año pasado cuando el Congreso le rebotó la primera versión de la Ley Ómnibus. Ya en ese entonces el plebiscito chocaba de lleno con la bandera de ajuste y déficit cero que enarbola el presidente. Ahora, tras la suspensión de las PASO para bajar el gasto público, el escenario es aún más contradictorio.
Los tres tramos de las elecciones de 2023 costaron, de acuerdo a lo informado por la jefatura de gabinete, alrededor de 160 millones de dólares. Es decir que cada tramo costó más de 50 millones de dólares.
La Nación explicó durante la campaña en la que Milei ya hablaba de este mecanismo que para la realización de un plebiscito se deberían garantizar casi 105.000 urnas, el Correo Argentino debería transmitir un total de más de 106.000 telegramas, más de 17.000 locales de comicios y de 1100 sucursales electorales habilitadas.
En las PASO de 2023 solo el Comando Electoral movilizó más de 85.000 efectivos para garantizar la seguridad de todo el proceso y el número asciende drásticamente con las autoridades de mesa y empleados en el Correo, encargado de la transmisión.
