En medio de la discusión por el proyecto de Ficha Limpia, el ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, y Guillermo Iglesias -esposo de la diputada Marcela Campagnoli- están a un paso del juicio oral del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por el supuesto uso irregular de fondos nacionales en obras del municipio.
La Justicia no determinó el monto total del perjuicio al Estado toda vez las obras se hicieron en forma parcial 409.460.345 pesos que al dólar de ese momento supera los 27 millones de dólares.
En febrero se terminaron de certificar todos los efectos recibidos y se reanudó el plazo de citación a juicio. En tanto, en abril se recibieron los ofrecimientos de prueba. El juicio oral se llegaría el año próximo.
El procesamiento fue dictado el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. En aquella oportunidad, incluyó un embargo de 100 millones de pesos, una inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para Ducoté y otros funcionarios que fueron parte de su gestión en Pilar.
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Más tarde, la Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación presentada por la defensa, que buscaba se declare incompetente al fuero federal para que la investigación vuelva a fojas cero.
Ducoté aparece como el principal implicado, detrás asoma Iglesias, quien fuera ex secretario de Obras Públicas durante la gestión del PRO en Pilar. Iglesias es esposo de Campagnoli, una diputada de la Coalición Cívica, muy cercana a Elisa Carrió.
Iglesias llegó a la gestión de Ducoté en febrero de 2017. Por entonces aseguraba tener 30 años vinculado a la obra pública desde el sector privado. Incluso había sido secretario de Obras y Servicios Públicos en Merlo. “Soy un hombre que hizo mucha obra pública, así que tengo experiencia”, decía.
Procesaron a Ducoté por sospechas de corrupción con fondos nacionales
Además de Ducoté e Iglesias, serán juzgados Juan Pablo Martignone (el jefe de Gabinete) Federico Leonhardt (presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar), Osvaldo Caccaviello (ex director general de Calles y Red Vial), Fernando María Bonafede (representante legal de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA), Sandra Sosa (ex subsecretaria de Obras Públicas), Gabriel Adrián Lucero (apoderado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA), Sergio Miguel Russo (presidente de Tordel SA) y Norberto Giulianelli (representante técnico de Tordel SA).
La investigación se inició en 2019, por la denuncia de una concejal que acusó a Ducoté de irregularidades en la administración de fondos recibidos del gobierno nacional durante la administración de Mauricio Macri; en particular, de recursos destinados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio Peruzzotti.
Más tarde se sumó otra acusación vinculada con la realización de obras públicas de infraestructura en el barrio Monterrey, también de Pilar, y una tercera por supuestas irregularidades vinculadas a un convenio celebrado entre el municipio y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el 26 de julio de 2016, para solventar mejoras en las condiciones edilicias y facilitar el acceso a los servicios públicos a vecinos de Pilar. Se trata del caso conocido como “microcréditos”.
